Editorial: Planificación urbanística, ¿apuesta por el municipio o especulación?

Hemos pasado de la especulación urbanística y la burbuja inmobiliaria a la inacción. Pero, los vecinos necesitan una normativa clara que defina la ordenación del territorio de la ciudad en la que viven y cómo se concibe el modelo de convivencia en ella. Solo Brunete y Villanueva de la Cañada tienen aprobados sus planes generales de ordenación urbana, mientras el resto de municipios siguen en stand by.

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El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de un municipio es mucho más que la planificación urbanística del mismo, define el futuro del pueblo, la calidad de vida de sus gentes y el modelo de convivencia que tienen en mente los gobernantes. Es, por tanto, un documento importantísimo para los ciudadanos, pues les afecta directamente en su día a día. El PGOU lo diseñan los Gobiernos locales, debe aprobarse en sesión plenaria y la última palabra sobre su validez la tiene la Comunidad de Madrid.

En nuestros pueblos, los PGOU se han convertido en arma arrojadiza de políticos y centro de chismes y críticas en los mentideros públicos. Solo Brunete y Villanueva de la Cañada han conseguido aprobar los suyos, mientras que el resto tiene los deberes por hacer. La falta de una normativa que se ajuste a la Ley de Suelo de 2001 de la Comunidad de Madrid y detalle en cada localidad qué es suelo urbano (donde se defina su uso como residencial, industrial, equipamiento público…), urbanizable (apto para urbanizar) o no urbanizable (como espacios naturales) deja desasistidos a los vecinos. Este es el caso de los pardillanos de la urbanización Las Vegas o de los escurialenses de Montencinar, aunque para estos últimos las cosas se han complicado demasiado.

El PGOU hace las veces de hoja de ruta de lo que será el proyecto de municipio para una población dada. Hace unos años, la recalificación de terrenos como urbanizables y la expansión urbanística estaba de moda y las revisiones o esbozos de los distintos planes generales recogían sin dudarlo un crecimiento poblacional, reflejado en suelo urbanizable, para muchos catastrófico. De hecho, esa era una de las críticas que se hacían al PGOU que presentaba el ejecutivo de Valdemorillo la pasada legislatura o al avance del Plan de San Lorenzo de El Escorial de 2005 modificado en 2009.

En los años de bonanza, la calificación de zonas de suelo urbanizable acarreaba buenos réditos a las arcas municipales, incluso los mal pensados señalaban los bolsillos de los responsables políticos como destinatarios del fruto de la negociación de esas calificaciones. Más allá de rumores, los ayuntamientos obtenían importantes sumas a través de licencias, cesiones de aprovechamiento urbanístico, venta de terrenos…

Ahora, en medio de la crisis y con la resaca de la explosión de la burbuja inmobiliaria parece que las miras han cambiado de dirección, o por lo menos las declaraciones públicas. Parece que en los últimos tiempos se aprecia mayor interés por salvaguardar el patrimonio histórico y natural de nuestros pueblos, por proteger la estética y adaptarse a las infraestructuras disponibles. Se busca, igualmente, un crecimiento económico basado en el turismo más que en el ladrillo mientras se mira con tristeza las promociones que se iniciaron en época de vacas gordas sin llegarse a completar cuando las vacas se volvieron esqueléticas por falta de fondos.

Es el momento de sentarse a trabajar en la redacción de nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana que respeten el interés general de los vecinos y aseguren su calidad de vida en el futuro y el valor de su inversión en el municipio. Un PGOU puede retratar la línea ideológica de un Gobierno más que su programa electoral y ha de ser vigilado con luz y taquígrafos, pero es obligado que se consensúe con todos los grupos de la Corporación para no dejar desamparados a los ciudadanos a quienes deben servir.

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