El TTIP permitiría vender carne de Iowa con el nombre de ‘Ternera de la Sierra Madrileña’

A pesar de que la negociaciones entre la UE y EE UU sobre el Tratado de Libre Comercio son confidenciales, las filtraciones de WikiLeaks han sacudido los ánimos de parte de la opinión pública europea. La Asamblea de Madrid ha aprobado una PNL de rechazo al TTIP y Valdemorillo se declara municipio contrario al mismo. El profesor Raúl López, del RCU Escorial- María Cristina, pone luz sobre el asunto.

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El TTIP permitiría vender carne de Iowa con el nombre de 'Ternera de la Sierra Madrileña'.

El Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) es un tratado bilateral entre Estados Unidos y la Unión Europea para desarrollar un mercado único trasatlántico que potencie el comercio y las inversiones entre ambas zonas. Se está negociando desde el año 2013, pero tiene sus antecedentes en la Declaración Trasatlántica de 1990. A esta le siguieron la Nueva Agenda Trasatlántica (1995), la Asociación Económica Trasatlántica (1998) o ‘La iniciativa UE-EE UU para reforzar la integración y el crecimiento económicos transatlánticos’ (2005).

Todos estos acuerdos han ido incrementando la cooperación bilateral entre ambas partes en materia de política internacional, desarrollo, seguridad y, por supuesto, economía. Según la Comisión Europea, los principales objetivos del TTIP son generar empleo y crecimiento económico sin usar dinero público, aumentar la variedad de bienes y servicios a disposición de los consumidores, hacer crecer la influencia de la UE en el mundo y ayudar a las empresas europeas a exportar, entre otros.

Argumentos en contra del Tratado

Cuando el portal WikiLeaks empezó a filtrar algunos puntos de las negociaciones saltaron las alarmas en parte de la opinión pública europea, ONGs, europarlamentarios, políticos… Entre sus argumentos, se encuentran que dicho Tratado generará desigualdad y pobreza.

En este sentido, organizaciones como Ecologistas en Acción manifiestan que «protege a las multinacionales, a los mercados y al capital mientras empobrece a las personas, recorta sus derechos y degrada profundamente el planeta que habitamos». El pasado junio y con los votos de Podemos y el PSOE, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP, la Asamblea de Madrid aprobaba una Proposición No de Ley (PNL) que se opone al Acuerdo hasta que se garantice la salvaguarda de una serie de derechos y servicios fundamentales.

Raúl López, profesor de Teoría Económica en el RCU María Cristina.
Raúl López, profesor de Teoría Económica en el RCU Escorial – María Cristina.

Numerosos municipios de toda Europa se han declarado contrarios al mismo, incluida la localidad de Valdemorillo. La Corporación valdemorillense aprobaba el pasado mayo en sesión plenaria una moción presentada por los grupos Sí Se Puede e IU-Los Verdes y respaldada por PSOE, Progresistas y UPyD en la que se declaraba a la villa opuesta al Tratado. Asimismo, se solicitaba autorización al Secretario de Estado para el acceso de ese Ayuntamiento a la sala de lectura donde se puede consultar de primera mano la documentación disponible.

Está claro que, a pesar de que existe un profundo desconocimiento sobre el tema, este preocupa a los ciudadanos. Y esta inquietud ha alcanzado a nuestros pueblos. Para poner blanco sobre negro en esta cuestión, hemos entrevistado al economista Raúl López, profesor de Teoría Económica del Real Centro Universitario Escorial – María Cristina de San Lorenzo de El Escorial. Este licenciado en Economía y diplomado en Administración de Empresas está realizando actualmente una tesis doctoral sobre negociaciones internacionales. Por cuestiones de espacio, hemos extractado la entrevista, pero tenéis el contenido íntegro en este enlace.

CL: ¿Por qué se tacha de oscurantista la negociación?, ¿hay documentación pública al alcance de los ciudadanos?

RL: Ante la presión pública, la Comisión Europea accedió a permitir que los eurodiputados que lo solicitasen pudiesen consultar la documentación sobre las negociaciones. Para ello, tienen que solicitar previamente qué desean consultar, pueden acceder durante dos horas a la documentación solicitada en una ‘habitación caja-fuerte’ sin bolígrafos, papel, móviles o cualquier otro dispositivo que pueda almacenar información ni ningún acompañante que les pueda ofrecer asesoramiento especializado. Además, tienen que firmar una declaración de confidencialidad, donde se estipula que pueden enfrentarse a consecuencias penales si divulgan el contenido.

Para el público en general, están disponibles en la página web de la CE declaraciones, resúmenes de las negociaciones, documentos aclaratorios, etc., todos con el claro objetivo de contrarrestar los rumores que originan las quejas de la gente, pero no hay disponible nada con demasiada ‘sustancia’ o que recoja conclusiones o propuestas firmes.

«El TTIP en realidad sería una nueva ‘Constitución Económica’, pero adoptada sin el consenso ni el respaldo de la ciudadanía»

CL: ¿Qué beneficios o perjuicios traería a España la firma de dicho Acuerdo?

RL: Una de las pocas cosas sobre la que los economistas están prácticamente todos de acuerdo es que el libre comercio mejora el bienestar total de una sociedad. Esto se debe a que, al comerciar, los países pueden especializarse en aquello para lo que relativamente están mejor dotados y, por lo tanto, las personas tienen a su disposición una mayor cantidad y variedad de bienes y servicios disponibles.

El problema viene por que los beneficios que se generan se diluyen entre la sociedad mientras que los costes suelen concretarse en grupos concretos y el proceso de especialización y reconversión productiva puede ser doloroso. Por poner un ejemplo, si España puede importar carbón de Nueva Zelanda, la sociedad en su conjunto está mejor porque el país tiene disponible carbón más barato y de mejor calidad que el que se producía antes en el país. Sin embargo, eso implica que las personas que se dedicaban a la minería del carbón deben ahora dedicarse a otra cosa, buscarse otro trabajo.

Por otro lado, también se argumenta que el Acuerdo haría que el nivel salarial bajase, al menos para los trabajadores menos cualificados. No hay que olvidar que EE UU ya tiene un acuerdo similar con México y allí los salarios son sensiblemente inferiores. También, en EE UU la negociación salarial y la protección al trabajador son bastante limitadas.

CL: Existen asociaciones contrarias al Tratado que alegan que el consumidor estaría menos protegido debido a unos estándares en alimentación menos estrictos en EE UU que en Europa. ¿Qué hay de cierto en esto?

RL: El problema a la hora de juzgar si estos miedos tienen fundamento es que no conocemos qué dice el Acuerdo. Personalmente soy un tanto escéptico ante parte de este alarmismo.

La clave es si la igualación de estándares y legislación de protección al consumidor se hace a la baja o al alza; es decir, si se mantiene la que sea más estricta, los consumidores no tendrían nada que temer. La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malström, aseguró hace poco que jamás se rebajaría nuestro nivel de protección de consumidores, seguridad alimentaria o medio ambiente. Pero en ese caso, vuelve a extrañar el secretismo que rodea al Acuerdo.

A mí me preocupa mucho más otro aspecto del Acuerdo que la Comisión ha reconocido: establece que las empresas que tengan alguna ‘diferencia de criterio’ con algún Gobierno no tienen que recurrir a los tribunales de justicia para solucionar el litigio, sino que la disputa sería resuelta mediante arbitraje privado (que no tiene por qué coincidir con las legislaciones nacionales). Esto diluye el poder legislativo de los Gobiernos nacionales, porque una vez aprobado el Acuerdo no podrían promulgar ninguna ley que fuese en contra del TTIP, ni aunque en un futuro la mayoría política de ese país quisiese cambiarlo. Hay quien dice que por eso el TTIP en realidad sería una nueva ‘Constitución Económica’, pero adoptada sin el consenso ni el respaldo de la ciudadanía.

«La industria agrícola estadounidense es más competitiva que la española o la francesa, por lo que los productores locales harán bien en diferenciarse por la calidad»

CL: También hay voces que critican el desamparo de la pequeña y mediana empresa, el tejido productivo fundamental de nuestro país.

RL: La Comisión Europea dice explícitamente que el TTIP favorecerá a la pequeña empresa a exportar al eliminar trabas para acceder a los mercados norteamericanos. Eso puede ser cierto, pero la cuestión es si la pequeña empresa local no exporta por estas trabas o aranceles o por una falta de capacidad/tamaño y porque es menos competitiva que las empresas extranjeras.

En España, la mayoría de empresas son pymes de pequeño tamaño, baja capitalización, baja inversión en I+D+i y con propiedad preferentemente familiar. Todo ello hace pensar que no van a ser tan competitivas como las empresas de otros países y, por lo tanto, podrían tener dificultades para enfrentarse a la nueva competencia. En cuanto a las multinacionales, seguramente se van a ver netamente beneficiadas al contar con la posición y recursos necesarios para aprovecharse de las ventajas del nuevo mercado común.

CL: En el ámbito de las economías locales, ¿cómo afectaría?

RL: Desde un punto de vista puramente intuitivo, creo que el impacto sería bastante limitado, enfrentándose a los posibles efectos generales del acuerdo sobre el país y la economía. Las amenazas podrían venir para los productores por posibles bajadas de precios de sus productos o por la posible competencia de producciones con estándares de calidad más bajos frente a la oferta de productos de calidad locales.

La industria agrícola estadounidense es claramente más competitiva que la española o la francesa, por lo que los productores locales harán bien en continuar la apuesta por diferenciarse a través de la calidad. En este sentido, el Acuerdo puede suponer una amenaza para las Denominaciones de Origen, ya que en EE UU se trata de una mera marca comercial. Es decir, alguien podría vender carne de Iowa con el nombre de ‘Ternera de la Sierra Madrileña’ simplemente si el vendedor paga la licencia por el uso del nombre al propietario de esa marca.

En cuanto a los servicios en general y al turismo en particular, el impacto debería ser mínimo, al ser muy difícil la deslocalización de los servicios, especialmente los de ámbito local. Pero, lo recalco una vez más, por ahora no podemos más que especular.

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